La encuesta Casen, en su estudio sobre equidad de género hace exactamente un año, nos presentó una realidad que ya conocíamos pero que quedó plasmada con más fuerza: las mujeres en Chile son, en promedio, más pobres por ingresos que los hombres. Lo anterior explicado en parte debido a un tercio de la población femenina no tenía ingresos propios, versus el 12.9% de los hombres.
Por otra parte, el Hogar de Cristo nos exhibió un informe que nos decía que el 54.3% de los más pobres en Chile son mujeres; y si se considera el total de la población, el 9% de ellas son pobres contra el 8.2% de hombres.
La OIT nos mostraba en 2018 que el porcentaje de mujeres que trabajan en condiciones de informalidad asciende a un 51.8% e v/s la de los hombres con un 46.8%.
La OCDE nos alertaba, ahora en marzo, que el 53% de los chilenos estaba en riesgo de caer en la pobreza si deja de percibir por tres meses sus ingresos. El escenario hoy se ve como una posible realidad para una gran cantidad de personas, donde las mujeres serán las más afectadas.
La CEPAL ha anticipado que un millón de ciudadanos del país podrían caer este año bajo la línea de la pobreza.
Hoy, la realidad de la pobreza femenina en Chile con sus formas particulares de desigualdad y exclusión queda al descubierto con más fuerza cuando nuevamente las mujeres son las que encabezan las ollas comunes en la diferentes comunas más pobres de Chile, además de estar ocupadas en la cotidiana tarea de sobrevivir frente a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas por parte de sus parejas, proteger a sus hijos e hijas y hacerse cargo de las y los adultos mayores de su dependencia dentro de otros múltiples temas.
Avanzar en acortar brechas económicas exacerbadas hoy por la pandemia provocada por el COVID 19, la cuarentena y la imposibilidad de salir a trabajar formal o informalmente, implica un cambio profundo a las estructuras del sistema socioeconómico partiendo por implementar políticas públicas con perspectiva de género. Es necesario atacar el problema modificando las causas económicas que lo generan, así como también modificar los factores sociales para instalar a la mujeres como sujetas de derecho y protagonistas de su cotidiano con acceso a recursos que les permitan salir de la condición de pobreza, simple pero complejo a la vez considerando que ni siquiera es un tema que los ministerios de Hacienda y Economía contemplan porque los estereotipos de género son una de las cosas más fuertes y rígidas del sexismo y la desigualdad.
Hoy el tema pasa a ser cuánta plata le ponen a los “más pobres”, qué porcentaje recibirá la canasta o accederán al crédito sin dimensionar, por ejemplo, que las mujeres ya realizaban tres veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres no solo en Chile sino en todo el mundo.
Creo que para entender en algo esas dimensiones resulta clave ampliar el diálogo político con lideres y lideresas territoriales aumentando la “recogida de demandas”, priorizando y no quedándose solo en la mirada sanitaria respecto a esta pandemia. La desigualdad y esta enfermedad, han demostrado grandes deficiencias estructurales que se vienen arrastrando desde hace muchos años en materia de salud y protección social. No podemos dejar de tener presente que todavía subyace un proceso no resuelto revelado en el estallido social de octubre pasado donde hombres y mujeres salieron a la calle a manifestarse sobre la precariedad y desigualdad en la que viven.
Las respuestas de políticas sociolaborales y económicas deben incluir una dimensión de género y eso va más allá de una canasta familiar que ni siquiera incluyó un producto básico indispensable: toallas higiénicas.
Yolanda Pizarro Carmona
Especialista en temas de género, inclusión y diversidad